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Estudios de Grado en Trabajo Social

A continuación transcribimos la información recibida del Consejo.

Desde la Comisión Mixta de Grado se sigue trabajando en la transformación de los actuales estudios de Diplomado en Trabajo Social por los de Grado en Trabajo Social, iniciativas conducentes a reflexionar sobre el futuro de nuestra titulación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, respondiendo así a los desafíos que representa la convergencia europea en materia de educación superior.

Se ha presentado a la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) el proyecto de Diseño del Título de Grado de Licenciado en Trabajo Social.

El proyecto es una iniciativa conjunta entre el ámbito profesional y la comunidad universitaria de Trabajo Social en España. Participan todas las universidades donde en la actualidad se imparte la titulación de Trabajo Social, tanto públicas como privadas, pertenecientes a 16 Comunidades Autónomas diferentes.

El proyecto pretende, a partir del trabajo que realice el grupo dinamizador del mismo, implicar a todos ámbitos y sectores relacionados con el Trabajo Social, tanto del ámbito universitario (centros, áreas de conocimiento vinculadas a la docencia, especialmente, la de Trabajo Social y Servicios Sociales, profesores, alumnos) y del ámbito profesional (Colegios profesionales, expertos y empleadores) al objeto de poder elaborar un trabajo que vincule a todos los sectores implicados.

La definición de un título de grado en Trabajo Social en el Espacio Europeo de Educación Superior responde a una necesidad de mayor profundización en la formación de los futuros profesionales en un espacio europeo sin fronteras para los trabajadores nacionales de los países miembros de la Unión Europea.

Asimismo, consideramos que Trabajo Social posee un perfil profesional único y diferenciado de otros profesionales que participan en la intervención social, por lo que la propuesta del proyecto presentado es el de una titulación de primer ciclo de 240 créditos europeos.

Partiendo del trabajo que ya se ha realizado relativo al establecimiento del perfil profesional de Trabajo Social y al desarrollo de las competencias específicas para su desarrollo, el plan de trabajo que se ha presentado a ANECA está organizado de acuerdo a estos tres grandes ejes:

1.    Marco Contextual del desarrollo del título de grado en Trabajo Social, especialmente, los relativos a la dimensión europea del título, la demanda de los estudios en España así como la inserción en el mercado de trabajo de los titulados.

2.    Perfiles profesionales y competencias: Análisis de la aplicabilidad de las competencias transversales a los perfiles profesionales establecidos para el Trabajo Social y establecimiento de las competencias específicas del título de grado en Trabajo Social.

3.    Establecimiento de los objetivos del título, ordenación de los contenidos (estructura del título), distribución horas y asignación de los créditos europeos.

MANIFIESTO DE TALAVERA DE LA REINA

LA UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES: BIENESTAR PARA TOD@S

  El Sistema Público de Servicios Sociales constituye uno de los pilares del Estado de Bienestar conjuntamente con el sistema de salud, la educación y las pensiones, considerándose un patrimonio social irrenunciable al ofrecer cobertura a necesidades básicas que se producen en el ámbito de la convivencia personal, familiar y social.

Sin embargo, uno de sus objetivos esenciales para el que fueron creados, universalizar sus prestaciones básicas a toda la población, no se ha conseguido, por lo que es necesario exigir un compromiso no sólo político sino también financiero para alcanzar la cobertura de todos los ciudadanos.

Todos somos usuari@s potenciales de los Servicios Sociales. Algunas personas y familias los necesitan durante toda la vida o en etapas prolongadas; otras son atendidas en situaciones de emergencia o de crisis, también hay personas que no se han acercado nunca a ellos. No obstante, la mayor expectativa de vida, los cambios en la estructura familiar, las incidencias de la llamada “sociedad de riesgo”, o el desempleo de larga duración, harán que tod@s l@s ciudadan@s necesiten en algún momento u otro de su vida las prestaciones básicas de los Servicios Sociales.

Cuando se van a cumplir veinticinco años de la aprobación de la Constitución Española, es necesario garantizar el principio de universalidad a las prestaciones básicas establecidas en todas las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales; Información, orientación, asesoramiento y tratamiento social personalizado y comunitario; apoyo a la convivencia y ayuda a domicilio; acogida/alojamiento alternativo; prevención e inserción social; cooperación social: apoyo al tejido social de autoayuda y solidaridad. Servicios que deben ir dirigidos a toda la población, independientemente de la renta que obtenga cada ciudadan@.

Para hacer efectiva la universalidad como garantía de derecho, se debe elaborar un mapa nacional/regional de necesidades en materia de equipamientos de servicios sociales, en coordinación con los municipios, con el objeto de desarrollar un plan de dotaciones presupuestarias e inversiones plurianuales de centros y una red de profesionales con el máximo nivel de formación que hagan extensible el principio de universalidad.

La responsabilidad pública como principio fundamental recogido en todas las Leyes de Servicios Sociales es determinante en la aplicación y garantía de los derechos, así como en el control de calidad de los servicios, aún cuando la gestión sea concertada con entidades privadas o con sectores sin ánimo de lucro.

Asimismo, se debe reconocer a las organizaciones sociales y profesionales la participación como interlocutores sociales en el desarrollo de las políticas que han de garantizar los derechos sociales del Sistema Público de Servicios Sociales.

La universalidad de derechos en Servicios Sociales, junto con los demás sistemas de protección social, son los mejores instrumentos con los que cuentan las personas y familias para construir un futuro que garantice su bienestar y su calidad de vida.

Quienes suscribimos este Manifiesto, exigimos a los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Comunidades Autónomas que garanticen por Ley la financiación para hacer efectiva la universalidad de los derechos/prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.