El Colegio Opina: "Programas Temporales de Colaboración Social"

El Colegio considera que estos programas no generan empleo digno y pueden destruir empleo público a la vez que requieren, en un marco de servicios sociales públicos, que se garantice en todo momento la protección y ejercicio de derechos tanto de los trabajadores/as sociales participantes como de la ciudadanía.

Ante la puesta en marcha nuevamente por los Ayuntamientos de Programas de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social, en el marco de una nueva convocatoria de subvenciones de Comunidad de Madrid, y en los que están participando trabajadores/as sociales, el Colegio quiere expresar nuevamente su preocupación por la puesta en marcha de esta medida, que no genera empleo digno, destruye empleo público y provoca circunstancias poco comprensibles, como es el hecho de que un programa cuyo objetivo es la recualificación, excluya a personas que no perciban prestación. Por todo ello queremos expresar nuestro rechazo por la puesta en marcha en en diversos municipios de la Comunidad de Madrid de estos programas, cuando anteriormente habían existido en los Ayuntamientos programas realmente laborales y que a su vez ayudaban a cumplir estos objetivos (Programas de de colaboración con las Corporaciones Locales).
Una vez más, y tal como lo hicimos también en ocasiones anteriores tanto con este programa como con las contrataciones del Programa PIL, queremos dejar constancia de nuestro total respeto personal y compresión a las compañeras y compañeros trabajadores/as sociales que están siendo convocados, así como instar a los Ayuntamientos que han decidido poner en marcha esta programa, que se revisen las tareas/ competencias para que se correspondan con las marcadas en las Órdenes, ya que además se están prestado en el marco de la administración pública, y en el caso de las/os trabajadoras/es sociales, en un sistema público donde se ejercen derechos y deberes por parte de la ciudadanía; y por tanto se garantice en todo momento la protección tanto de los/as trabajadores/as sociales participantes como de la ciudadanía.