Carta abierta a D. Santiago Llorente Gutiérrez. Alcalde de Leganés
A través de unas compañeras colegiadas de nuestro Colegio Profesional nos han llegado unas declaraciones que usted ha realizado por medio de un vídeo en el que ha anunciado la promoción de vivienda pública ofertada por parte del Ayuntamiento de Leganés.
En esas declaraciones usted manifiesta que dicha vivienda pública “en ningún caso se destinará a población de realojo ni se adjudicará a personas o familias usuarias de los Servicios Sociales”.
En este sentido, queremos recordar que venimos de dos décadas en las que se ha venido incrementando la exclusión residencial en España, en un contexto de mercantilización de la vivienda con una burbuja financiera e inmobiliaria cuyas consecuencias aún estamos pagando. Con una política pública de vivienda orientada a la compra en detrimento del alquiler, una producción de vivienda protegida bajo mínimos históricos (y en el caso de la Comunidad de Madrid incluida la venta de vivienda pública a fondos con ánimo de lucro) y recortes en los presupuestos destinados a políticas de vivienda. Con una estimación de demanda potencial de vivienda social 1,5 millones de hogares y, de acuerdo con las proyecciones de hogares, que puede ascender hasta los 2,65 millones de hogares en el año 2030. En definitiva, una flagrante vulneración del derecho a la vivienda y lo que ha venido en calificarse como una situación de emergencia habitacional y de crisis de asequibilidad, que requiere de un profundo giro en las políticas de vivienda llevadas a cabo.
A diario desde los Servicios Sociales se atienden numerosas situaciones críticas de personas que han perdido su vivienda o están a punto de perderla, familias con altos niveles de sobreendeudamiento con verdaderos problemas para poder pagar la renta de alquiler, o que residen en infraviviendas, o en un mercado de habitaciones desregulado y precario, discriminación o, en su vertiente más grave, situaciones de sinhogarismo. Paradójicamente, ante la falta de respuesta de las políticas de vivienda y de sus responsables públicos en esta situación crítica, los Servicios Sociales están tratando de dar una respuesta en la que carecen de instrumentos, como si de tuvieran que reconvertirse en una especie de inmobiliaria social improvisada ante la pasividad de los departamentos de Vivienda.
El sistema de adjudicación de vivienda pública es un sistema focalizado, en el que solamente puede acceder a la vivienda social la población que el mercado excluye, marcando determinados límites de ingresos y combinando un modelo de carácter generalista con uno restringido (con normas específicas dirigidas a determinados grupos vulnerables).
Por su parte, la Ley 11 / 2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid recoge por un lado el principio de la universalidad, “los servicios sociales deben estar disponibles y ser accesibles para todos” y por otro, el principio de igualdad “derecho a acceder y utilizar los servicios sociales sin discriminación por motivos de raza, sexo, discapacidad, orientación sexual, estado civil, edad, ideología, creencia o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El principio de igualdad será compatible con una discriminación positiva, que coadyuve en la superación de las desventajas de una situación inicial de desigualdad y facilite la integración social”. Se entiende que toda la ciudadanía es susceptible de poder optar a los Servicios Sociales ante cualquier crisis vital, situación de desprotección, discapacidad o dependencia en la que se pueda encontrar en un momento determinado de su vida. Y el acceso a las políticas sociales públicas se realizará sin ningún tipo de discriminación según las circunstancias personales o sociales.
Por tanto, declarar que “en ningún caso se destinará a población de realojo ni se adjudicará a personas o familias usuarias de los Servicios Sociales” no hace sino favorecer la exclusión y alimentar estigmas.
Primero, porque no se puede excluir de la vivienda pública a quienes deben ser su objetivo prioritario: las personas que se han visto afectadas por dos graves crisis económicas sufridas en nuestro país; las personas y familias golpeadas por la situación del COVID-19, que ha empobrecido a toda la población en general; aquellas que ya venían dañadas de procesos anteriores cuya situación de exclusión social y residencial se ha visto agravada; ni tampoco a la población que proviene de un proceso de realojo, ya que presentan una gran vulnerabilidad social al carecer de una vivienda digna y estable sin la cual es imposible mantener una vida adecuada.
En segundo lugar, porque este tipo de comentarios alimentan los estigmas hacia las personas o familias que acuden a los Servicios Sociales y hacia la población de realojo. Nutren el miedo, el rechazo y la aversión hacia la pobreza, hacia las zonas o barrios empobrecidos y, principalmente, hacia las personas pobres. Por tanto, es obligación de las personas que ostentan una responsabilidad pública evitar declaraciones que puedan fomentar, aunque sea de manera involuntaria, la aporofobia. Antes al contrario, deben ir encaminadas a favorecer la convivencia vecinal y el respeto a la ciudadanía con independencia de su nivel de ingresos económicos.
Así que, desde nuestro Colegio profesional, queremos manifestar nuestra preocupación por las declaraciones realizadas. Le trasladamos la opinión profesional de nuestra colegiatura.
Nos ponemos a su disposición para cualquier duda o aclaración que usted quisiera presentarnos.
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid
