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El Colegio Opina

 LA VOZ DE LAS/OS PROFESIONALES



DEFENSA DE LA FIGURA PROFESIONAL DEL TRABAJADOR/A SOCIAL

Señalamos algunas de las acciones significativas que el Colegio ha llevado a cabo en 2016 para la defensa y promoción de las/os profesionales para dar ida del marco general de actuación del Colegio.
Hay que recordar que los Colegios no tienen consideración legal de agentes sociales por lo que no nos corresponde el ámbito laboral, aunque también trabajamos en coordinación con los agentes sociales para dar seguimiento a las cuestiones vinculadas al ejercicio del trabajo social.

* Ofertas de “voluntariado”: El Colegio tiene establecido desde el programa de empleo un procedimiento para dar seguimiento, interesarnos por el contenido de las ofertas, comunicar a la entidad ofertante el marco legal y ofrecernos a asesorarle sobre el papel de las/os trabajadoras/es sociales como profesionales de la intervención social, y dar seguimiento.

* Confusión de términos, formación, etc..: Asesoramos y aclaramos. En 2016 ha tenido especial relevancia la nota que emitimos: El Trabajo Social es un título universitario oficial y una profesión regulada. Y no sólo por reivindicar nuestra labor, sino para evitar confusiones a la ciudadanía y a personas que están valorando cuestiones formativas.


* Reivindicación del acceso de las/os trabajadoras/es sociales a puestos directivos: Entre otras acciones en 2016 se ha reivindicado al Ayuntamiento de Madrid ante un cuestionamiento en un pleno a una funcionaria trabajadora social con puesto directivo, se ha recurrido una plaza de dirección en Mancomunidad de Servicios Sociales y ha solicitado a la AMTA que se ajustara la oferta del responsable del Área Social, para que pudieran acceder también titulados/as en Trabajo Social. Así ha sucedido en éste último caso y la Comunidad de Madrid se comprometió a que en los Convenios de Atención Social Primaria 2017 aparecería específicamente que para el perfil de dirección se tiene que contar con los/as trabajadores/as sociales.

Queremos recordar que
las normativas pueden ser modificadas y que está pendiente, fruto de la propia evolución de la administración pública, así como del nuevo modelo de titulaciones universitarias implantadas, una revisión y modernización de la normativa reguladora de los empleados y empleadas públicas.