Reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, tras su paso por el Senado. La reforma incorpora nuevos derechos y prestaciones y plantea una transformación del modelo de cuidados hacia una mayor autonomía, vida independiente, accesibilidad y atención en la comunidad.
Entre las principales novedades destacan:
- La reducción de seis a tres meses del plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia.
- El reconocimiento de la teleasistencia como derecho y la ampliación de la atención y los apoyos en el domicilio y en el entorno comunitario.
- La incorporación y regulación de la asistencia personal para las personas en situación de dependencia, con independencia de su grado y edad.
- La eliminación de determinadas incompatibilidades entre prestaciones y servicios, favoreciendo una respuesta más flexible y adaptada a las necesidades de cada persona.
- Nuevas medidas para las personas cuidadoras no profesionales, incluyendo derechos de información, formación y acompañamiento.
- Una conexión más directa entre dependencia y discapacidad, con reconocimientos automáticos del grado de discapacidad en determinados supuestos de dependencia.
- El reconocimiento de la accesibilidad universal como derecho y el refuerzo de la autonomía personal, la inclusión y la vida independiente.
La norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, aunque algunas de sus medidas requieren desarrollo reglamentario y determinados aspectos tendrán una aplicación posterior.
Para el Trabajo Social, esta reforma tendrá especial relevancia, al afectar directamente a la valoración de necesidades, la planificación de apoyos, la autonomía y participación de las personas y el desarrollo de unos servicios sociales más próximos, comunitarios y centrados en la persona.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid seguiremos de cerca su desarrollo y aplicación, especialmente su impacto en la garantía efectiva de derechos y en la intervención profesional de las y los trabajadores sociales: reconocer nuevos derechos exige también garantizar los recursos, profesionales y servicios necesarios para hacerlos efectivos.





























