Comunicado: Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
Los Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales, Trabajo Social y Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, manifiestan su profunda preocupación por las condiciones en las que se está desarrollando la prestación de determinados servicios a la ciudadanía. En esta ocasión, ponemos el foco en la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud, y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid; y ante la situación de deterioro progresivo en la calidad de la atención y en la estabilidad de los recursos destinados a las personas con enfermedad mental; por lo que expresamos lo siguiente:
En la Comunidad de Madrid, los servicios prestados desde esta Red se ofrecen mediante fórmulas de colaboración público-privada. Desde hace algunos años, junto a las entidades especializadas sin ánimo de lucro que iniciaron la gestión de los proyectos, conviven empresas mercantiles con ánimo lucrativo. Actualmente, grandes corporaciones y fondos de inversión ajenos al ámbito social han resultado adjudicatarios de estos servicios. Este sistema de adjudicación prioriza la oferta económica más baja, relegando los criterios técnicos y de calidad asistencial a un segundo plano. Cómo consecuencia de esta fórmula, asociaciones y entidades sociales con una sólida trayectoria y compromiso en la atención a personas con enfermedad mental grave están siendo excluidas, pese a su larga experiencia y a la calidad humana y técnica demostrada en la prestación del servicio. Esto resulta contradictorio con el compromiso institucional expresado recientemente por la Comunidad de Madrid en materia de salud mental.
En nuestra opinión, algunas de las empresas que tradicionalmente gestionan estos recursos están adoptando medidas orientadas a sostener su propia estructura económica, priorizando su estabilidad interna por encima de las necesidades del servicio y del vínculo terapéutico —ambos imprescindibles en la atención integral y continua que requieren las personas con enfermedad mental—. Preocupa especialmente como las medidas adoptadas repercuten directamente en la atención que reciben las personas usuarias, quienes necesitan un entorno profesional cualificado, estable, y centrado en su bienestar. Debido al riesgo de un grave deterioro de las condiciones laborales del personal profesional del sector, ya que se están reajustando plantillas, reduciendo costes y deteriorando las condiciones laborales.
El malestar entre los equipos profesionales del ámbito psicosocial es profundo. Se sienten desconcertados e indefensos ante un sistema que antepone la rentabilidad económica a la calidad técnica y humana. Muchos/as profesionales están viendo peligrar derechos consolidados tras décadas de experiencia y dedicación. Aunque la figura de la subrogación permite en teoría la continuidad del servicio, no protege frente a empresas que priorizan su propio beneficio en detrimento de las necesidades y derechos de las personas atendidas. Incluso se están considerando medidas como la no renovación de los acuerdos marco de los Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC), lo que podría conllevar cierres temporales del servicio y graves consecuencias para quienes dependen de estos recursos.
Esta situación, en definitiva, compromete la calidad y estabilidad del sistema, limitando progresivamente la atención y acompañamiento que necesita la ciudadanía más vulnerable.
Los Colegios firmantes consideramos que estos servicios deben integrarse de manera estable en la red pública y, cuando esto no sea viable, incluirse en licitaciones que garanticen servicios de calidad, con condiciones laborales y presupuestarias dignas. La atención a la salud mental debe ser entendida como un derecho de la ciudadanía, no como un bien sujeto únicamente a la rentabilidad. En este sentido, se hace un llamamiento urgente a la Comunidad de Madrid para que revise los procesos de licitación, garantizando que la calidad técnica, la continuidad de los equipos profesionales y el bienestar de las personas atendidas prevalezcan sobre los criterios puramente económicos.
Las tres corporaciones firmantes expresan su solidaridad con las trabajadoras que iniciaron una huelga indefinida para defender sus condiciones laborales y la calidad del servicio público que ofrecen, y con las personas usuarias de los recursos quienes ven como desesperanza estas modificaciones e instan a la Comunidad de Madrid a adoptar medidas urgentes:
- Garantizando la continuidad de todos los recursos de rehabilitación psicosocial.
- Revisando los criterios de licitación, priorizando la calidad técnica y la estabilidad del personal frente al precio.
- Garantizando el cumplimiento íntegro de los acuerdos marco y los convenios colectivos.
- Evitando reducciones económicas que puedan comprometer la calidad y continuidad de la atención que reciben las personas usuarias.
- Protegiendo la estabilidad y el conocimiento especializado acumulado por los equipos profesionales, evitando la “fuga de talento”, según lo trasladado por estos equipos.
- Alineando las decisiones políticas con el compromiso público de reforzar la salud mental como prioridad estratégica.
La salud mental debe mantenerse como un servicio de alta exigencia técnica, sensibilidad y continuidad, centrado en las personas, en su dignidad y en su derecho a una atención pública, estable y de calidad.
Por la protección de las personas que más lo necesitan.
Por profesionales que puedan ejercer con dignidad.
Por una Red de Salud Mental estable, pública y de calidad.
