XVI Informe El Estado de la Pobreza 2026
El 19,4 % de la población madrileña se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, cerca de 1,4 millones de personas.
Las personas en situación de pobreza destinan de media el 49 % de sus ingresos a vivienda y la carencia material y social severa afecta al 8,4 % de la población.
El COTS Madrid ha acudido al acto organizado por EAPN-ES con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid ha estado presente en el acto organizado por EAPN-ES con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un espacio de análisis y diálogo sobre la pobreza y la exclusión social. La cita tiene lugar en el salón de actos de la Fundación ONCE, en Madrid. Los datos territoriales del XVI Informe El Estado de la Pobreza 2026 muestran una mejora de varios indicadores en la Comunidad de Madrid, pero mantienen abiertos retos importantes relacionados con la vivienda, la protección social, la infancia y las situaciones de carencia material.
Madrid reduce el AROPE, pero cerca de 1,4 millones de personas siguen en riesgo
La tasa AROPE de la Comunidad de Madrid se sitúa en 2025 en el 19,4 %, 1,5 puntos por debajo del año anterior y 6,3 puntos por debajo de la media estatal. En términos absolutos, el indicador afecta a cerca de 1,4 millones de personas.
También disminuye la tasa de pobreza, que pasa al 12,7 %, alrededor de 902.000 personas. Sin embargo, el propio informe obliga a mirar más allá de los datos generales: la carencia material y social severa permanece en el 8,4 %, unas 597.000 personas, ligeramente por encima de la media estatal.
La infancia continúa siendo uno de los grupos especialmente afectados. Aunque su indicador mejora notablemente respecto al año anterior, el 25,3 % de la población menor de 18 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
Vivienda: un condicionante fundamental de las situaciones de pobreza
Los datos de vivienda constituyen uno de los principales elementos de preocupación que recoge el capítulo madrileño. Entre 2015 y 2025, el precio de compraventa de vivienda se ha incrementado un 99,5 % en la Comunidad de Madrid, el crecimiento más elevado registrado entre las comunidades autónomas según el informe.
El impacto es especialmente intenso sobre quienes disponen de menos recursos. Las personas en situación de pobreza destinan, de media, el 49 % de sus ingresos a vivienda, frente al 18,8 % del conjunto de la población madrileña. Además, el 53,9 % de las personas en pobreza soporta gastos de vivienda equivalentes al 40 % o más de su renta disponible.
El régimen de tenencia también marca una importante diferencia: el indicador AROPE alcanza al 40 % de quienes viven en alquiler a precio de mercado.
Para el Trabajo Social, estos datos refuerzan la necesidad de abordar la pobreza desde una perspectiva integral. La situación económica no puede desvincularse de las posibilidades reales de acceder y mantener una vivienda, cubrir necesidades básicas, disponer de suministros adecuados y desarrollar un proyecto de vida autónomo.
El reto del acceso efectivo a la protección social
El informe también señala diferencias relevantes en el alcance de la protección social. Las prestaciones de garantía de renta llegan al 2,6 % de la población madrileña, frente al 7,6 % registrado en el conjunto del Estado. La tasa estimada de non take-up del Ingreso Mínimo Vital alcanza en Madrid el 57,9 %, lo que refleja la existencia de población potencialmente beneficiaria que no accede a la prestación.
Esta realidad resulta especialmente relevante para una profesión que desarrolla funciones de diagnóstico social, información, orientación, acompañamiento y coordinación entre sistemas y recursos.
Una mirada desde los derechos y el Trabajo Social
Los resultados muestran una Comunidad de Madrid que mejora en varios indicadores, pero en la que persisten diferencias importantes según edad, situación laboral, régimen de tenencia de vivienda y otras circunstancias sociales.
Desde la mirada del Trabajo Social, combatir la pobreza implica actuar no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre los factores estructurales que condicionan las oportunidades y la calidad de vida. El acceso efectivo a los derechos sociales, unos servicios públicos sólidos, vivienda accesible y sistemas de garantía de ingresos capaces de llegar a quienes los necesitan forman parte de esa respuesta.
Consulta el XVI Informe El Estado de la Pobreza 2026 elaborado por EAPN a través de este enlace.
