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Propuesta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid para los programas electorales

La Comunidad de Madrid es una de las regiones en las que, el próximo 28 de mayo, se celebrarán elecciones autonómicas, comicios que coincidirán con la elección de los representantes municipales. De cara a esta eminente cita con las urnas, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTS Madrid) ha lanzado un documento dirigido a los representantes de los distintos partidos políticos donde desarrolla medidas concretas en el ámbito del trabajo social que, según entiende esta institución, deberían formar parte de los programas políticos. A través de este documento, la Junta de Gobierno del COTS Madrid pretende abrir un diálogo social y político entre la colegiatura y los agentes sociales directamente implicados en el proceso electoral para poder seguir trabajando en el objetivo de garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas más vulnerables en las comunidades autónomas y municipios de España.

“Las trabajadoras sociales desempeñamos un papel crucial. Nuestro sólido compromiso con el bienestar de la ciudadanía no solo nos lleva a identificar eficazmente las barreras que pueden estar generando disparidades. También nos conduce a la búsqueda de soluciones que garanticen que todas las personas tengan acceso a los derechos sociales existentes también. Para desarrollar adecuadamente esta labor,  necesitamos que los programas electorales recojan políticas concretas que estén regidas por el valor de la transparencia y la participación ciudadana”, subraya Daniel Gil Martorell, decano del COTS Madrid. Y añade: “El documento que hemos redactado contiene un texto vivo y que esperamos sirva para ayudar a situar dentro de nuestro futuro como comunidad autónoma, aquellas cuestiones que entendemos son imprescindibles para garantizar derechos sociales de la ciudadana y un diseño de políticas públicas desde un enfoque de derechos, sin olvidar que, como profesión, requerimos de unas condiciones dentro del sistema para poder realizar un desempeño adecuado. Hacer más y mejor trabajo social es colaborar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre en la diversidad”.

Las medidas concretas que reclama el COTS Madrid son las siguientes:

•       Establecer ratios profesionales de Trabajo Social ajustadas según ámbito de actuación, número de población e indicadores sociales. Garantizar la calidad en la práctica del Trabajo Social requiere de ratios adecuadas de profesionales. Eso implica establecer una ratio Atención Social Primaria de 1×1700 y de la presencia de trabajadoras sociales en todos los ámbitos (educativo, judicial, emergencias, etc.) en los que los condicionantes sociales puedan determinar una efectiva igualdad de acceso a los derechos.

•       Diseñar políticas públicas basadas en el ejercicio efectivo de los Derechos Sociales. Los derechos sociales deben ser un elemento central de desarrollo de las políticas públicas, su planteamiento inicial, la redacción de leyes y normas de desarrollo, el acceso a los servicios y recursos, etc. deben concebirse desde un enfoque universalista, inclusivo, de justicia social y de género. Para ello es esencial la participación activa de las trabajadoras sociales en el diseño de dichas políticas.

•      Dotar de recursos económicos adecuados – que corrijan desequilibrios territoriales y garanticen el acceso a los Derechos Sociales- a las políticas públicas. Las políticas públicas que desarrollen derechos sociales deben contar con presupuestos adecuados, que permitan una redistribución de la riqueza que genera nuestra comunidad autónoma, equilibrando las desigualdades territoriales y garantizando que toda persona que habite en nuestra región pueda acceder con igualdad de oportunidades a los distintos servicios públicos desde una lógica de proximidad.

•       Desarrollar las políticas sociales desde una perspectiva de género y que incorporen criterios de eficiencia, de adecuación territorial y evidencia en los resultados. Todas las iniciativas que derivan de políticas sociales públicas deben establecerse desde una perspectiva de género en sus diseños y, además, incorporar los principios de eficiencia, adecuación al territorio y con capacidad de evaluar su impacto, la generación de conocimiento, la innovación social y la distribución en la región de las mejores prácticas validadas por la evidencia.

•       Construir sistemas de colaboración y coordinación eficaz entre administraciones con el objetivo de poner en el centro a las personas. Debe existir una eficaz colaboración y coordinación entre administraciones, poniendo en el centro a las personas, evitando la burocratización innecesaria y el maltrato institucional, y garantizando un acceso efectivo a los Derechos Sociales.

•       Potenciar la calidad de los programas, proyectos y servicios que intervengan en problemas sociales frente a una mirada solamente económica de la prestación de los mismos. Este objetivo se conseguiría incorporando, mediante el desarrollo del concierto social, una participación privada basada en la calidad de los proyectos, la sostenibilidad de los mismo, la innovación social y el valor en términos de conocimiento aportado.

•       Realizar una política efectiva de garantía de ingresos desvinculando su gestión administrativa de los Servicios Sociales. Garantizar el acceso a prestaciones económicas no condicionadas que permitan atender a las necesidades básicas de las personas y las familias, así como el acceso y mantenimiento de una vivienda digna como elementos fundamentales de justicia social y de garantía de los DDHH y de los Derechos de la Infancia.

•       Implantar los factores sociales como elementos centrales en la valoración de recursos. Establecer los factores sociales como indicadores fundamentales a la hora de acceder y modular los servicios y recursos y su intensidad, siendo el informe social y el diagnóstico social elementos suficientes para la prescripción social.

•       Desarrollar el Trabajo Social Sanitario como apuesta para asegurar la continuidad asistencial como elemento clave en el proceso salud-enfermedad. Los determinantes sociales son elementos clave en el proceso salud-enfermedad. Por eso, es muy importante que exista una continuidad asistencial tanto entre recursos y servicios del sistema sanitario como con el resto de sistemas (servicios sociales, vivienda, dependencia…) con los que la atención tenga relación, estableciendo los medios de coordinación, colaboración interadministrativa y acceso a la información necesarios.

•       Apostar por la autodeterminación y autonomía frente a modelos asistencialistas. Propiciar la construcción de modelos de apoyo a la discapacidad y a la dependencia que favorezcan la autodeterminación y la autonomía de las personas en todas las áreas de su desarrollo y que garanticen a su vez la atención a sus necesidades específicas.

•       Avanzar en modelos de intervención basados en la desinstitucionalización y el apoyo a las redes naturales de apoyo como estrategia básica tanto en personas dependientes, discapacidad, violencia machista, sinhogarismo, etc. que permita la vida en comunidad y el desarrollo de vínculos desde la autodeterminación y la autonomía personal.

•       Diseñar un modelo de atención a la violencia machista que ponga a las mujeres, sus derechos y protección en el centro. Avanzar hacia una protección a las víctimas en la que se incluya la protección social necesaria para que las mujeres no tengan solo acceso a los recursos, sino que puedan sentirse participes de los mismos desde una intervención normalizadora que no refuerce la victimización

•       Priorizar la protección a la infancia y elaborar políticas públicas que velen por su integridad. En cumplimiento de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, debe asegurarse mediante políticas públicas y recursos la protección de los menores como sujetos de derechos.

•       Integrar una perspectiva ética y deontológica en toda la atención a la ciudadanía. Incorporar los comités de ética como una práctica generalizada, garantizar una práctica profesional desde el marco deontológico propio de cada profesión y la participación efectiva de las personas que son objeto de atención, tanto en el diseño y desarrollo de sus procesos personales, grupales o comunitarios como en los correspondientes a los recursos y servicios de los que participan.

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