Comunicado sobre los nuevos los Centros de Atención a la Infancia de Madrid
En relación al anuncio de la apertura de dos nuevos Centros de Atención a la Infancia en la ciudad de Madrid, que llevará asociada una reorganización de los servicios, el COTS Madrid realiza las siguientes consideraciones:
- Valoramos positivamente la ampliación de recursos, el aumento de profesionales, la especialización de estos/as, y el refuerzo territorial en zonas de Madrid que así lo requieren.
- Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por la progresiva externalización de la intervención especializada, en este caso en materia de protección infantil. El interés superior de los niños/as debe orientar no solo las resoluciones administrativas, sino también el modelo organizativo y de gestión de los recursos públicos. En este sentido, queremos hacer una defensa del sistema público de Servicios Sociales y de los Servicios de Atención a la Infancia, teniendo en cuenta que el modelo de gestión no sólo determina la calidad de las atenciones a los niños, niñas y adolescentes sino la salvaguarda de sus derechos civiles que debe ser garantizada con carácter universal desde los poderes públicos. La privatización puede provocar que la responsabilidad pública se diluya y que consecuentemente también se devalúe la garantía de los derechos de la infancia.
- Nos inquieta que la privatización suponga una mayor fragmentación de la intervención con niños, niñas y adolescentes, así como la pérdida de capacidad de analizar desde el ámbito de la planificación pública la evolución de las necesidades de atención y los cambios necesarios en el sistema para ser eficaz en la respuesta a las mismas.
- Nos preocupa especialmente que la alta especialización del personal que trabaja en materia de protección a la infancia se circunscriba a la “Declaración administrativa del riesgo”, puesto que la intervención previa y posterior a esa declaración, con las familias, requiere la misma capacitación y especialización profesional. La protección efectiva de la infancia no puede reducirse al procedimiento administrativo de declaración de riesgo, sino que requiere intervenciones sociales estables, especializadas, y sostenidas en el tiempo.
- En relación con esto, nos inquieta que el Área responsable de la protección a la infancia en el Ayuntamiento de Madrid reconozca que determinadas funciones requieren personal funcionario por afectar a derechos fundamentales; pero esto se limite exclusivamente a una Declaración o “certificación” de una situación de riesgo. Nos preguntamos entonces, ¿habría una parte de la intervención en materia de protección que podría desvincularse de esa garantía pública directa?
- La privatización, externalización o gestión indirecta de servicios incide directamente en la atención a la ciudadanía, porque afecta de forma clara a la estabilidad de las/os profesionales que prestan esa atención. Trabajar para una empresa externalizada implica: rotación, precariedad, discontinuidad de equipos, pérdida del vínculo y desequilibrios entre recursos; ya que el personal de estas empresas tiene que trabajar con unas peores condiciones laborales y con unos márgenes económicos que repercuten en la remuneración de los recursos humanos.
- El cumplimiento formal de los procedimientos administrativos no agota las obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección integral de la infancia. Tanto en la LOPIVI, como en la Ley 04/2023 de la Comunidad de Madrid, se recoge la necesidad de garantizar una protección integral y el interés superior del menor; así como la puesta en valor de la coordinación, prevención, actuación especializada y continuidad de esta.
- Trasladamos nuestra preocupación por la saturación que el propio Ayuntamiento reconoce que existe (y que pretende paliar con la apertura de nuevos centros). Sin embargo, desconocemos si existe una evaluación estructural de ratios, cargas y recursos que permitiese reforzar el sistema de protección a la infancia en la ciudad de Madrid tomando otras medidas organizativas.
- Las trabajadoras sociales somos profesionales esenciales clave en materia de protección a la infancia y seguimos reivindicando mayor especialización en el sistema público de servicios sociales. La intervención social desarrollada en los CAI constituye una actuación esencial en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. La protección a la infancia es estructural y debe estar incorporado en el catálogo de servicios públicos de la ciudad de Madrid.
El COTS Madrid continuará defendiendo unos servicios públicos de calidad y la excelencia en la labor profesional de las trabajadoras sociales, especialmente en materia de protección a la infancia, porque garantizar una buena atención a la infancia es también una forma de construir una sociedad más justa y protectora.
Desde el colegio siempre hemos mostrado preocupación por las consecuencias que la privatización o externalización de servicio puedan tener en la ciudadanía.
Como ejemplos, en diciembre de 2025 se elaboró un comunicado común con otros Colegios Profesionales para trasladar el malestar sobre la situación de la red de atención social a personas con enfermedad mental en la Comunidad de Madrid (Ver aquí), y en junio del mismo año, trasladamos a la Directora General de Igualdad nuestra preocupación por la Red de Atención a mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas, prestaciones y servicios también de gestión externalizada (Ver aquí).
