El Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid expresa su preocupación
por la propuesta de que los silencios administrativos en prestaciones o servicios sociales queden regulados a través de la Ley de Apoyo a la Empresa Madrileña.
Especialmente preocupante resulta volver a los seis meses de plazo para resolver la solicitud de grado y nivel de dependencia y con carácter desestimatorio.
