Reunión del COTS Madrid con la Dirección Provincial del INSS para abordar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.

En el marco del papel institucional del Colegio, como representante de los y las profesionales colegiadas de Trabajo Social en la Comunidad de Madrid, y la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía, se abordó con un doble objetivo:

• Trasmitir la opinión profesional del colectivo respecto a la prestación, para lo que se expone la argumentación que ha realizado la Comisión de Atención Social Primaria del Colegio.

• Por otra parte se expone la situación de la ciudadanía frente a las dificultades que les suponen la tramitación de esta prestación.

Desde el COTS Madrid queremos resaltar la importancia del origen del IMV, que nace con la finalidad de unificar y homogeneizar en el territorio español las políticas de garantía de ingresos gestionadas en la mayoría de las diferentes comunidades autónomas, instaurándose de este modo una prestación económica estatal en modalidad no contributiva, y cuyo objetivo es el de prevenir y luchar contra la pobreza y exclusión social en España.

 La transición y la coexistencia estas políticas autonómicas y la implantación del IMV, añadido a los efectos y consecuencias de la crisis COVID 19 en los que se ha visto inmersa, ha supuesto un desafío para su puesta en marcha y está siendo necesario ajustar y regular con más detalle las condiciones de acceso y mantenimiento de la prestación, así como articular sistemas de revisión o de evaluación que permitan una mayor adecuación de esta. 

No obstante, desde la profesión y comprendiendo la dificultad de implantación de un sistema como el que se ha comentado, se trasladaron algunas consideraciones importantes:

  • Las Trabajadoras Sociales de Atención Social Primaria se configuran como un colectivo imprescindible a la hora de gestionar el IMV desde el marco de la Ley, así como el derecho que tiene la ciudadanía de contar con una valoración profesional y un diagnóstico social ajustado a la realidad de las personas solicitantes, algo difícil de procurar en el marco de plazos ajustados de acreditación o subsanación que en ocasiones se han establecido.
  • Además, no se deja de percibir las dificultades que la ciudadanía y de entre ella la población más vulnerable están teniendo en su gestión, plazos ajustados, solicitud de numerosa documentación, denegaciones en términos administrativos difícilmente entendibles, etc.

Desde el INSS, debemos señalar que, con una actitud de colaboración plena, se nos traslada algunas de las cuestiones que han dificultado la tramitación desde su ámbito y de las que han sido conscientes, aportando en la medida de lo posible soluciones.

El número de solicitudes de IMV han sido numerosas y de ellas han tratado de reducir al mínimo indispensable los requerimientos.

Para ello previamente se requiere, dado los altos niveles de control que tiene la prestación, de consultas a otras administraciones que implican una demora inevitable y que finalmente afectan al plazo requerido para finalizar el proceso.

En todo caso se está de acuerdo en la necesaria colaboración y coordinación entre administraciones como vía de reducir la incidencia con relación a la tramitación de los certificados.

Así mismo con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, la normativa recoge la necesidad de gobernanza con la participación de Comunidades Autónomas y Entidades locales, por lo que a nuestro juicio se hace necesario articular protocolos de coordinación con dichas Instituciones y que en base a lo cual proponemos:

  • Establecimiento de convenios de colaboración o de vías de comunicación interdepartamentales que posibiliten que las Entidades Locales puedan ejercer la tarea de emisión de los certificados requeridos a la población destinataria y regulados normativamente, conforme a los procesos y tiempos señalados en la Ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015)
  • Que se haga partícipe a la ciudadanía y a las Instituciones colaboradoras la información necesaria llevada a cabo en los procesos de gestión de la prestación tanto en su solicitud inicial como en aquellos procedimientos de requerimiento adicional o revisión para el mantenimiento de las mimas.
  • Como representantes del COTS trasladamos la necesidad de formalizar acuerdos colaboración con el propio COTS o a través de la CC.AA / Entidades locales para  la impartición de cursos o módulos de formación específica.