La financiación del comedor escolar: un derecho educativo, no una prestación asistencial
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, como corporación de derecho público que representa y defiende los intereses profesionales del trabajo social en la Comunidad de Madrid, queremos manifestar nuestra preocupación ante la persistente vinculación del acceso al comedor escolar con el sistema de servicios sociales, especialmente en lo que respecta a la concesión de becas y ayudas económicas.
Esta práctica, lejos de garantizar el acceso universal y equitativo al comedor escolar, refuerza una lógica asistencialista que no se corresponde con el enfoque de derechos que deben regir las políticas públicas, particularmente en el ámbito educativo.
El comedor escolar está legal y funcionalmente definido como un servicio complementario de carácter educativo, integrado en el sistema público de enseñanza. No se trata de una ayuda extraordinaria ni de un recurso de emergencia, sino de un elemento estructural del entorno educativo. Su acceso contribuye al desarrollo integral del alumnado, favorece la asistencia continuada al centro escolar, una alimentación adecuada en la infancia y adolescencia, y posibilita la conciliación familiar y laboral y, por tanto, la crianza; siendo especialmente importante en contextos de jornada partida o jornada ampliada.
El comedor escolar no puede ser tratado como una prestación dependiente de informes sociales o condicionada a valoraciones del sistema de servicios sociales, sino como una prestación educativa cuya responsabilidad plena debe recaer en la Consejería de Educación.
Responsabilidad administrativa clara de la Consejería de Educación.
Según la normativa vigente, en la Comunidad de Madrid:
· La organización, gestión, y financiación del comedor escolar es competencia exclusiva de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, atendiendo al interés superior de los/as menores.
· La propia Consejería de Educación fija los precios públicos, regula los procedimientos de solicitud, y concede becas mediante convocatorias anuales. Estas becas deben asegurar cuantías suficientes y gestionarse con celeridad y transparencia.
Los criterios actuales y las cuantías de las becas de comedor no se han adaptado a la realidad social actual y son insuficientes para garantizar el acceso universal y gratuito al comedor escolar.
Los servicios sociales no deben, ni pueden asumir, una responsabilidad que es exclusiva de la Consejería de Educación. No corresponde al sistema de servicios sociales valorar ni conceder el acceso universal al comedor escolar, ni asumir su financiación. Cualquier planteamiento contrario podría parecer una externalización encubierta de competencias y una falta de corresponsabilidad y cooperación administrativa.
El principio de equidad entendemos que exige de la responsabilidad educativa, no de prácticas asistencialistas.
La educación pública está sujeta al principio de equidad, lo que implica que el acceso a sus servicios no debe estar condicionado por la situación económica de las familias, ni por mecanismos que generen estigmatización o supongan barreras burocráticas injustificadas.
Derivar a las familias con necesidades de beca de comedor hacia los servicios sociales supone:
· Estigmatizar a los niños y niñas que hacen uso del servicio.
· Diluir la responsabilidad de la Consejería de Educación.
· Convertir un derecho educativo en una ayuda condicionada.
· Perpetuar una lógica asistencialista, que contradice la función garantista de las políticas públicas y coloca a las familias en una posición de supeditación.
El resultado de esta derivación, además de no garantizar los derechos de los/as niños/as, produce un bloqueo innecesario en los servicios sociales, lo cual repercute negativamente en la atención a las problemáticas sociales que sí son competencia de la atención social primaria.
Nuestras propuestas
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, instamos a la Consejería de Educación a:
1. Asumir plenamente su responsabilidad en la cobertura completa del gasto de comedor escolar como parte de su competencia educativa.
2. Garantizar el acceso universal y gratuito al comedor para todo el alumnado que lo solicite, sin límite presupuestario; reforzando los mecanismos de financiación pública para avanzar hacia un modelo de comedor escolar como servicio básico dentro del sistema educativo público.
Por tanto, el comedor escolar debe incorporarse como una prestación más en el sistema educativo. Defender esta idea no es solo una cuestión de coherencia institucional, sino de justicia social y dignidad para las niñas y niños de nuestra comunidad.
Desde el Trabajo Social, defendemos políticas públicas que garanticen derechos, no que gestionen carencias de otros sistemas , y pedimos que la Comunidad de Madrid avance hacia un modelo de educación inclusiva, equitativa y libre de estigmas con un enfoque de derechos y de carácter universal.
